El Consejo de Administración de Aguas de Cádiz, celebrado en la tarde de ayer, ha aprobado por mayoría de sus miembros el “Plan de Medidas Antifraude” que ha elaborado la empresa como medida obligatoria para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR) “Next Generation”, de la Unión Europea.
Dado que Aguas de Cádiz ha presentado varios proyectos para la instalación de placas fotovoltaicas en sus edificios, era necesario que tuviese aprobado dicho plan antes del 10 de febrero a fin de cumplir con las obligaciones que marca una orden ministerial.
Por tanto, el Plan de Medidas Antifraude incorpora mecanismos a implantar por la empresa municipal para la prevención, detección, corrección y persecución del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses para garantizar los intereses de la Unión Europea. Las medidas adoptadas son de aplicación a todo el personal de la empresa municipal.
El documento prevé realizar evaluaciones del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos de ejecución del Plan de Resilencia y una revisión periódica bienal o anual. Define medidas preventivas ajustadas a cada situación, medidas de detección ajustadas a señales de alerta, medidas correctivas y procesos de seguimiento de los casos sospechosos con la correspondiente recuperación de los fondos europeos que se hayan gastado fraudulentamente.
El Plan contempla la creación de una Comisión de Evaluación de Riesgo de Fraude, un procedimiento de control de posibles conflictos de intereses y para gestionar los casos de fraude, la elaboración de un código ético de conducta del personal y una Declaración de Ausencia de Conflictos de Intereses (DACI) para el personal que participe en la gestión del Plan de Recuperación.
Precisamente, en el Consejo se ha dado cuenta de los proyectos presentados por Aguas de Cádiz a la convocatoria de Ayudas “Next Generation” y que son las instalaciones de las plantas fotovoltaicas en la cubierta de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales La Martona y en la cubierta de almacén de la Zona Franca por un importe de 221.000 €.
Por otra parte, el Consejo de Administración ha dado también el visto bueno a la aprobación de modificaciones del procedimiento del Suministro Mínimo Vital para hacerlo más ágil, al incremento de la dotación económica anual por parte de Aguas de Cádiz (de 300.000 € a 350.000 €) y a la adenda al convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento para el desarrollo del programa.
Además, se han ofrecido los datos del programa a 31 de diciembre. Desde que se inició en septiembre de 2017 se han abonado concedido 3.710 solicitudes y se han abonado un total de 19.079 facturas con un importe total de 1.148.038 € de los que 821. 257 corresponden al importe de agua y 326.781 al importe de residuos sólidos urbanos.
En otro orden de cosas se ha dado cuenta también de la gestión y la ejecución de varias obras en marcha (Avenida de Astilleros, calle Fernán Caballero, nave de la Zona Franca y EBAR de la calle Austria), así como de las ejecutadas en el hundimiento de la calzada de la avenida José León de Carranza.
También se ha informado sobre las certificaciones de calidad, sobre los convenios suscritos entre Aguas de Cádiz y otras entidades y sobre la encuesta de satisfacción de los clientes correspondiente a 2021.