El Juzgado de lo Contencioso Administrativo determina que la Junta de Andalucía tendrá que ejecutar las obras necesarias para la reparación del emisario

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cádiz dicta sentencia a favor de Aguas de Cádiz en el caso de la reparación del emisario de Santa María del Mar condenando a la Junta de Andalucía a ejecutar las obras necesarias para la reparación del emisario, así como asumir las costas. Si bien, la sentencia aún no es en firme puesto que la Junta de Andalucía dispone de un plazo de 15 días, hasta el 21 de mayo, para interponer un recurso.

En noviembre de 2022, Aguas de Cádiz inició acciones judiciales para exigir responsabilidad a la Junta de Andalucía y a todos los agentes que participaron en el diseño, proyección y ejecución del proyecto por las deficiencias presentadas desde la entrega de las obras del emisario de aguas pluviales reclamando la reparación de desperfectos por vicios ocultos y daños continuados en el aliviadero y fue en julio de 2023 cuando dicha demanda se admitió a trámite.

No obstante, desde Aguas de Cádiz, se sigue trabajando para dar una solución definitiva a dicho problema a expensas de posibles recursos que se interpongan con el fin de garantizar la mejor solución medioambiental y para los usuarios de la playa, por ello, continúa con el proceso de licitación de la redacción del proyecto de reparación del aliviadero de pluviales de Santa María del Mar que hoy lunes, en la mesa de contratación, se dispone realizar la apertura del sobre A de las cinco empresas licitadoras.
Además, la empresa municipal ha realizado ya los trabajos de emergencia en el emisario con el fin de evitar daños mayores.

El aliviadero en la zona del ramal 1, entre la plaza Asdrúbal y la calle Marianista Cubillo, tiene un tramo bajo los bloques y otro en paralelo a la ribera del mar que ha sufrido continuos desperfectos debido a los efectos de la degradación marítimo terrestre propios del litoral.

El continuo efecto de las mareas ha hecho descender la cota de arena provocando desprendimientos y oquedades en las rocas, así como desperfectos y roturas en el propio tubo colector como la sufrida el pasado mes de marzo en la que se ha tenido que actuar de emergencia con el fin de evitar vertidos de aguas pluviales directamente a la zona terrestre, afecciones a terceros, daños sanitarios, medioambientales y daños económicos.

La empresa municipal ha recibido la sentencia judicial que le otorga la razón como algo muy positivo para la ciudad de Cádiz.